martes, 13 de mayo de 2014

Representantes de lo público que trabajan para lo privado.

Los caóticos procesos de escolarización que se están produciendo en muchas ciudades aragonesas, no sólo en la ciudad de Huesca, ya no pueden ocultar su principal finalidad: reducir el peso de la escuela pública y darle más peso a la enseñanza privada concertada. Se han usado argumentos a la carta y de lo más variopintos en los diferentes lugares para defender la que, curiosamente, es una misma política: se cierran vías en centros públicos en los que existe alumnado suficiente y se mantienen vías en la escuela concertada pese a la falta de alumnos en las mismas.
El Departamento de Educación ha propiciado el desarrollo de una dinámica perversa en los distintos procesos de escolarización; mientras en los centros concertados las vías no se cierran pese a no contar con alumnos, en los centros públicos se cierran antes de iniciar dichos procesos con lo que se condicionan a la baja las peticiones para dichos centros.
El Partido Popular tiene la capacidad de generar un problema para luego proponer una “solución” que siempre perjudica a la escuela pública. La elevación de las ratios decidida por el gobierno ha provocado a su vez teóricas plazas sobrantes a recortar que, curiosamente, sólo asume la escuela pública mientras se mantienen los conciertos con empresas privadas dedicadas al ámbito educativo. El último espectáculo bochornoso al que hemos tenido que asistir es al del Director Provincial de Educación en Huesca, José María Cabello, haciendo de “guía turístico” para mostrar las bondades de un centro educativo privado concertado en la ciudad de Jaca.
El papel desempeñado por el Director Provincial de Educación en Huesca y la responsable educativa del Ayuntamiento de esta misma ciudad, Antonia Alcalá, respecto a los acuerdos tomados en el consejo escolar municipal dejan a las claras que la coherencia no es un asunto que preocupe a nuestros responsables políticos.
Desde el sección de enseñanza del sindicato CGT de Huesca no podemos más que denunciar que los representantes políticos en el ámbito educativo no están trabajando en defensa de lo público, sino favoreciendo a empresas privadas subvencionadas con dinero público.

Por todo esto desde CGT exigimos la dimisión de todos los responsables políticos del Departamento de Educación de Aragón, artífices de una política educativa profundamente lesiva para con los intereses que teóricamente debieran defender que son los de la Escuela Pública.

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