Los
caóticos procesos de escolarización que se están produciendo en muchas ciudades
aragonesas, no sólo en la ciudad de Huesca, ya no pueden ocultar su principal
finalidad: reducir el peso de la escuela pública y darle más peso a la
enseñanza privada concertada. Se han usado argumentos a la carta y de lo más
variopintos en los diferentes lugares para defender la que, curiosamente, es
una misma política: se cierran vías en centros públicos en los que existe alumnado
suficiente y se mantienen vías en la escuela concertada pese a la falta de
alumnos en las mismas.
El
Departamento de Educación ha propiciado el desarrollo de una dinámica perversa
en los distintos procesos de escolarización; mientras en los centros concertados
las vías no se cierran pese a no contar con alumnos, en los centros públicos se
cierran antes de iniciar dichos procesos con lo que se condicionan a la baja
las peticiones para dichos centros.
El
Partido Popular tiene la capacidad de generar un problema para luego proponer
una “solución” que siempre perjudica a la escuela pública. La elevación de las
ratios decidida por el gobierno ha provocado a su vez teóricas plazas sobrantes
a recortar que, curiosamente, sólo asume la escuela pública mientras se
mantienen los conciertos con empresas privadas dedicadas al ámbito educativo.
El último espectáculo bochornoso al que hemos tenido que asistir es al del
Director Provincial de Educación en Huesca, José María Cabello, haciendo de
“guía turístico” para mostrar las bondades de un centro educativo privado
concertado en la ciudad de Jaca.
El
papel desempeñado por el Director Provincial de Educación en Huesca y la
responsable educativa del Ayuntamiento de esta misma ciudad, Antonia Alcalá,
respecto a los acuerdos tomados en el consejo escolar municipal dejan a las
claras que la coherencia no es un asunto que preocupe a nuestros responsables
políticos.
Desde
el sección de enseñanza del sindicato CGT de Huesca no podemos más que
denunciar que los representantes políticos en el ámbito educativo no están
trabajando en defensa de lo público, sino favoreciendo a empresas privadas
subvencionadas con dinero público.
Por
todo esto desde CGT exigimos la dimisión de todos los responsables políticos
del Departamento de Educación de Aragón, artífices de una política educativa
profundamente lesiva para con los intereses que teóricamente debieran defender
que son los de la Escuela Pública.
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