Adjuntamos el documento del foro de Sevilla.
En defensa de una planificación educativa al servicio de la ciudadanía
y no de la segregación escolar
y no de la segregación escolar
Manifiesto del Foro de Sevilla
El Partido Popular ha presentado
una Proposición
No de Ley (PNL) en defensa de los conciertos educativos, de cara a marcar
una línea roja en el futuro pacto educativo que invalida cualquier diálogo y
entendimiento posible al exigir que la ciudadanía siga financiando con los
recursos comunes el negocio de unos pocos. Se queja en ella de que los
gobiernos de buena parte de las comunidades autónomas no autoricen unidades
concertadas si existen plazas vacantes en los colegios públicos y que no se
renueven los conciertos en la educación no obligatoria, como venían haciendo
anteriores gobiernos del PP infringiendo la legislación educativa.
Lo más sorprendente de esta PNL
es que equiparan libertad de enseñanza y educación concertada. Como si por el
hecho de que una empresa o un grupo monte un negocio educativo, tengamos que
pagárselo entre todos. Se han acostumbrado a que les rescatemos sus negocios,
sean bancos o autopistas o fraudes como el del proyecto ‘Castor’, y lo asimilan
de forma automática al mundo educativo. El Estado debe velar por el bien común
y garantizar el derecho a la educación de toda la sociedad con una
planificación de centros públicos, con recursos y dotación adecuada y
suficiente, que faciliten la mejor educación posible, pero y no puede destinar los recursos comunes a financiar
opciones particulares. Quien quiera educación privada que se la pague.
En un primer momento, se
subvencionaron centros privados a través de los conciertos educativos como
complemento a una red pública que no podía cubrir una creciente demanda de
plazas escolares, por el fuerte crecimiento demográfico (baby boom) y la
ampliación de los años de escolarización obligatoria. Sin embargo, la notable e
indiscutible mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de centros
hace que, en el momento actual, el mantenimiento o el crecimiento del número de
unidades escolares en centros privados financiados públicamente ya no se puedan
justificar por la insuficiencia de los centros públicos para atender la
demanda, sino por otro tipo de razones ideológicas (Fernández y Muñiz, 2012).
Además, en una coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos
públicos, se plantea un evidente problema al derivar los fondos públicos a
financiar opciones particulares privadas.
A pesar de ello, la financiación
pública de opciones educativas privadas ha aumentado año tras año, de la mano
del PP y del PSOE. España se ha convertido, en este sentido, en una anomalía
dentro del panorama internacional en lo que se refiere a su red de centros
educativos privados sostenidos con fondos públicos (conciertos escolares). Somos el tercer país de Europa
en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado
en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los
demás países (Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia,
entre otros) la educación es fundamentalmente
pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la
UE-28, frente a un 67,3% de España).
La PNL que ha presentado el PP argumenta
que pretende “garantizar una oferta educativa plural” exigiendo al gobierno que
siga financiando los conciertos en aras de lo que denominan “libertad de
elección”. Pero la pretendida “libertad de elección de centro escolar”
realmente es preferencia de selección escolar. Algunas familias muestran una
cierta predilección por los centros concertados a la hora de escolarizar a sus
hijos e hijas, frente a la opción de los centros públicos, aun cuando estos
últimos presentan condiciones objetivas más favorables para la educación de
calidad (por ejemplo, contando con aulas menos masificadas o con profesorado
seleccionado en pruebas objetivas que respetan igualdad, mérito y capacidad).
Pero los datos no respaldan que esa demanda sea porque los centros concertados
ofrezcan una mayor calidad en la educación académica, o una mejor formación en
comportamientos sociales, ni siquiera porque el factor religioso sea
determinante en la elección de centro.
Lo que sí respalda la evidencia
estadística es la creencia de los padres y las madres en que los ‘contactos’
sociales y los compañeros y las compañeras de aula pueden influir en los
resultados educativos y en el futuro sociolaboral de sus hijos e hijas, motivo
por el cual suelen preferir centros concertados (Fernández y Muñiz, 2012;
Rogero y Andrés, 2014;
Rodríguez, Pruneda y Cuerto,
2014; Rogero y Andrés, 2016),
donde las características socioeconómicas medias del alumnado y de sus familias
parecen proporcionarles más ventajas en las relaciones futuras. Lo cierto es
que las investigaciones demuestran reiteradamente que, como dice Gimeno Sacristán (1998),
detrás de muchas invocaciones a la “libertad” de elección de centro lo que se
esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los
que no son de la misma clase. El informe de la OCDE denominado “Equidad y calidad
de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja”,
indica claramente que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los
padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus
capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en
los sistemas educativos”.
En definitiva, el sistema de
“elección de centro” se basa en la lógica individualista de la “ética del más
fuerte” y no en la lógica igualitaria de la pluralidad y la convivencia. Así
entendida, la libertad de elección es un privilegio y no un derecho, además de
una estrategia para situar la educación dentro del proceso de privatización del
mercado. Siendo razonable que las familias que puedan accedan al centro
educativo que deseen, no se puede equiparar la preferencia de selección de
colegio con un derecho fundamental. Las preferencias particulares se las tienen
que pagar cada uno, como antes se hacía en España. Si la Educación es un bien
público no puede mantenerse como un negocio privado. El Estado debe velar por
el bien común y no fomentar un mercado educativo con rankings de colegios, en
donde las familias compitan para conseguir la mejor oferta, como si de un gran
supermercado se tratara.
La lucha por una educación
pública para todos y todas está estrechamente ligada a la lucha contra la
pobreza, el racismo, la violencia, la guerra, la corrupción, la desigualdad, la
ausencia de respuestas al drama migratorio y otra
serie de injusticias que nos devuelven una imagen decepcionante de nuestro país.
Una realidad legislativa y de prácticas políticas, económicas y culturales que,
en lo referente a la regulación del derecho a la educación, no soportaría un
juicio moral, ni responde a las promesas de una democracia sustantiva.
Promover y afianzar la educación
pública es una de las luchas con más sentido en nuestro siglo, por ser una de
las pocas esferas en la que es posible desarrollar culturas formativas de
pensamiento crítico, disidencia, alfabetización cívica y de promoción de movimientos
sociales capaces de luchar contra las fuerzas antidemocráticas que nos van trasladando
a tiempos oscuros y salvajemente egoístas.
Estas razones, entre otras, nos
llevan a ser críticos con el encubrimiento de este tipo de intereses
particulares que defiende el PP en la PNL, tratando, además, de amparar su defensa
en la Constitución. Pero la Constitución no ampara los conciertos. La
Constitución establece que la educación es un derecho social que los poderes
públicos están obligados a garantizar y organizar a través de la planificación
general de la enseñanza, la creación de centros docentes públicos y la
participación efectiva de la sociedad en su gestión. La libertad de enseñanza
reconocida por la Constitución Española (Artículo 27) se concreta en la
posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa
estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Pero en modo
alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la
posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir
entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada
con fondos públicos. El texto constitucional establece que la enseñanza básica
es obligatoria y gratuita, pero no prescribe que el Estado esté obligado a
garantizar esa gratuidad en colegios privados, por el simple hecho de que las
familias elijan un centro distinto del creado y gestionado por los poderes públicos.
Si el artículo 27 consiguió un claro consenso con respecto al derecho a la
educación, gratuidad y obligatoriedad de la educación básica, ha generado
ambigüedad en la interpretación al plantear una disyuntiva entre el derecho a
la educación y la elección de centro que en una reforma constitucional tendría
que ser revisada.
Esto estableció la posibilidad de
construir dos redes financiadas con fondos públicos, una privada y otra
pública, y posteriormente a confundir el derecho a crear centros privados con
el de las familias a recibir una ayuda pública para elegirlos, como extensión
del derecho de las familias a la elección de centro y como consecuencia de las
sucesivas modificaciones que se han hecho a la LODE para facilitar que la
planificación educativa incluyera a la vez centros públicos y privados con
financiación pública que han ido en contra de la pluralidad y la equidad. El Estado no está obligado a otorgar gratuidad a la
educación en aquellos centros privados por el simple hecho de que las familias
elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos.
Así lo dejó asentado el Tribunal
Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala
Segunda: “…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación
gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad
educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han
de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias
individuales.”
Por lo que los gobiernos de la
Comunidad Valencia, Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura o
Asturias están actuando correctamente y en la dirección educativa adecuada al
ir suprimiendo progresivamente la financiación de los centros privados
concertados, supeditándolos a una planificación pública del sistema educativo,
eliminando las unidades concertadas no necesarias para asegurar la
escolarización, priorizando los centros públicos e implantando de nuevo la
zonificación escolar para que los niños y niñas puedan estar escolarizados en
su entorno social y vecinal.
De ahí, que el Foro de Sevilla aplauda
las iniciativas emprendidas por estas comunidades autónomas que el PP denuncia
y que inste a todos los grupos políticos que no tengan una ideología claramente
neoliberal y no consideren la educación como un negocio o un mercado, que velen
para que las administraciones educativas garanticen una red planificada y
suficiente de centros de titularidad y gestión pública, que atienda toda la
demanda educativa desde los 0 años en las diferentes etapas y modalidades, y
que cuente con todos los recursos y servicios necesarios para asegurar el
derecho a la educación de todos los niños y niñas sin segregación, como
pretende mantener el PP.
Apoyamos la propuesta consensuada
por las Redes por una Nueva
Política Educativa que plantean en el Documento
de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político como solución
establecer en todo posible acuerdo que se articule para una
nueva ley de educación, como un eje fundamental la supresión
progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. La
actual financiación pública de una doble red conduce al desmantelamiento del
modelo de escuela pública como un proyecto solidario de vertebración
social. Es urgente e imprescindible, por tanto, la apuesta
por una red única de centros de titularidad y gestión pública que,
progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros
privados concertados.
https://drive.google.com/open?id=0B0zfRXnr3hnHaGxyam4wQVBZcEk
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